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UNOS TIEMPOS TAN DIFÍCILES REQUIEREN LA COLABORACIÓN DE TODOS

Publicado el 24 de Mayo del 2010

     El Boletin Oficial del Estado de hoy, lunes. 24 de mayo de 2010 publica un Real Decreto-Ley de adopción de medidades extraordinarias para la reducción del deficit público.

     

     La razón última de tales medidas hay que buscarla en que los acreedores y avalistas de las administraciones públicas y de las empresas españolas consideran que España debe gastar menos e ingresar más para poder devolverles lo que les debemos y para que nos presten lo que necesitamos refinanciar a tipos de interés soportables.

     

     Y dado que, por circunstancias de todos conocidas, hemos llegado a la presente situación, quedan pocas alternativas distintas a someternos a las exigencias de nuestros acreedores y de nuestros avalistas –es decir, de nuestros socios monetarios-.

     

     Conviene no olvidar, no obstante, que nuestros acreedores y avalistas no están interesados en que España adopte medidas de política económica dirigidas a conseguir un sistema económico más eficiente, sino en aquellas medidas que les garanticen que cobrarán cuanto se les debe. Ello quiere decir que no siempre las medidas exigidas son consistentes con las requeridas por un mayor grado de eficiencia de nuestra economía, exigencia esta última imprescindible para el crecimiento.

     

     Un caso especialmente claro es el de los funcionarios. A nuestros acreedores y avalistas les basta con que el Estado les pague menos para que quede más free cash flow con el que cobrar. No es éste sin embargo el interés del país, pues las bandas salariales de sus funcionarios son realmente bajas, más bajas que en paises con menor renta per cápita que el nuestro. El interés del país reclamaría la reducción del número de funcionarios,o, más bien, de empleados del sector público, el cual ha crecido de modo alarmante durante los últimos años. La adopción de la primera medida tendrá como consecuencia inmediata una disminución de la fuerza y del alcance del Estado, esenciales ambos para que la economía de mercado pueda funcionar eficientemente. La adopción de la segunda hubiera desembocado en un Estado más fibroso y más apto para cumplir su función, pero hubiera ocasionado problemas que nuestros gobernantes no quieren asumir, y riesgos de los que nuestros acreedores no quieren ni oir.

     

     La consecuencia es que los funcionarios públicos verán rebajado su salario en una banda cuya media parece situarse en torno al 5%. Es admirable observar cómo los funcionarios de carrera son conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa el país y, aún a pesar de discrepar de la medida adoptada por el Gobierno, la aceptan con una escalofriante profesionalidad: desde médicos hasta magistrados, pasando por profesores, abogados y economistas del Estado y un largo etcetera de excelentes funcionarios que constituyen las columnas de nuestro Estado de Derecho.

     

     A los Registradores de la Propiedad se nos rebajan los aranceles un 5%. En principio, esa medida nada tiene que ver con la reducción del deficit público, ya que el sistema registral inmobiliario, así como el mobiliario y el mercantil no implican gasto público, sino que lo evitan y, además, posibilitan una mayor recaudación fiscal.

     

     Tampoco redundará en una reducción del precio de tales servicios para los ciudadanos y empresas, ya que los agentes del mercado e intermediarios aprovecharán tal reducción para elevar sus comisiones y tarifas, como hacen rutinariamente en estos casos. No obstante, tal medida transmite a la ciudadanía el mensaje de que el sacrificio corresponde a todos y se exige a todos. Y, llegados a la presente situación, que exige el esfuerzo y la colaboración de todos, entendemos que tal medida encierra un mensaje constructivo que debe ser aceptado y que aceptamos por doloroso que nos resulte y a pesar del deterioro que puede conllevar en la prestación del servicio, el cual debe ser evitado a toda costa.

     

     A ello ha que añadir la inevitable disminución de actividad registral que conllevará el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava las operaciones inmobiliarias, así como el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que, paralelamente, ya han anunciado algunas Comunidades Autónomas. Todo ello va a situar a muchos registros a borde del límite…por lo menos.

     

     En efecto, es necesario considerar que desde 2007, la actividad registral ha caido en más de un 50%, y que en 2005 una Dirección General de los Registros y del Notariado de una incompetencia desconocida hasta el momento, impulsó una demarcación que implicaba un aumento de registradores de un 30%, sin alcanzar a ver, ni por asomo, la crisis que se avecinaba, ni valorar el espectacular crecimiento de la productividad registral, fruto de la formación permanente de los registradores y de sus empleados, así como de las intensas inversiones en nuevas tecnologías llevadas a cabo durante los años anteriores. Tal medida liquidó de un plumazo los resultados obtenidos tras años de esfuerzo sostenido, ha dado lugar al nacimiento de registros inviables, eternamente vacantes y a un deterioro de la calidad del servicio.

     

     Parece, por ello, que procedería que Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competecia en la materia tuviesen el valor y la prudencia de enmendar errores que aún están a tiempo de corregir, paralizando una demarcación que nunca debió hacerse en los términos en los que se hizo, suprimiendo registros que nunca debieron crearse y, en última instancia, agrupando aquellos otros que, por razones de capitalidad o similares, sea inevitable mantener, si es que éste fuera el caso.

     

     Entre tanto, todos debemos colaborar para que nuestro país consiga salir de este dificil trance, aunque ello implique asumir sacrificios no deseados.






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