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REFLEJOS

Publicado el 9 de Enero del 2008

     Lo que la asociación de Notarios Alternativa Notarial denomina “usurpación” de la Dirección General de los Registros y el Notariado por la familia que detenta la cúpula del Consejo General del Notariado, arroja, a la hora de rendir cuentas, un panorama kafkiano.

     

     Desde el punto de vista del impulso a la producción de normas, la joya de la corona de la terminal Directora General, el nuevo Reglamento Notarial, ha batido el record de la historia jurisdiccional española en cuanto al número y diversidad de sus impugnadores, habiendo sido recurrido ante los Tribunales incluso por sus propios beneficiarios. Es notorio el hecho de que uno de sus más conspicuos redactores se ha puesto posteriormente a la cabeza de la manifestación que insta la anulación de alguno de sus preceptos. Puede recordarse en estos momentos también el detalle novedoso de que las Instrucciones del Centro Directivo falten a la verdad en la narración de los hechos, como cuando afirman que la firma electrónica de los registradores no está “homologada” (sic), aserto que ha quedado grabado en las páginas del Boletín Oficial del Estado, merecedor de encontrar acogida en una selección de Celtiberia Show.

     

     Desde la perspectiva doctrinal, corresponde al binomio Pilar Blanco-Marina Marqueño el portento de haber clausurado de facto y de forma definitiva esta competencia de la Dirección General, cuya tradición hasta ahora podía calificarse, sin exageración, con notas de excelencia. A una masa ingente de recursos sin resolver se responde con resoluciones extemporáneas; en ocasiones la respuesta llega tras años de espera y en otras –intuitu personae- en un par de semanas; los tribunales anulan reiteradamente las resoluciones emitidas, sentencias que tarde, mal o nunca son publicadas por el Órgano desautorizado; el notariado latino constata con estupor cómo es necesario acudir a los tribunales para evitar que el tránsito en España de una escritura con formas equivalentes a las de nuestro Derecho interno, sea obstaculizado con bizarros argumentos castizos por el Centro Directivo. Las entidades de crédito están sobre ascuas por si, con tal de revocar la nota, Pilar y Marina ordenan borrar de un plumazo los embargos anotados a su favor en los libros registrales. El Mercado Hipotecario hace equilibrios para suplicar que sus normas sean tramitadas desde el área económica del Gobierno y tratar de paliar los daños colaterales que se producen cada vez que la DGRN interviene en la elaboración de un proyecto de norma. En definitiva: las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado se han convertido en un semillero de pleitos y fuente de inseguridad jurídica. A fecha de hoy son un obstáculo para la seguridad del tráfico y el progreso económico.

     

     La contemplación del aspecto organizativo es desoladora. El Registro Civil Central, en unos años de acogida masiva de inmigración, puede estudiarse como ejemplo de incompetencia de gestión. La Dirección General gestiona un cuerpo –el de Registradores- con aproximadamente la mitad de sus funcionarios expedientados…por errores del propio Departamento, que es incapaz de determinar con exactitud la fecha en que recibe los documentos oficiales que se le dirigen. Firmas fotocopiadas notifican a sus destinatarios la incoación de expedientes disciplinarios por hechos, en muchas ocasiones, demostradamente falsos. Ante la pérdida de autoridad doctrinal y moral, la vía disciplinaria se exacerba ante los Registradores más eminentes, con carácter pretendidamente ejemplar, por “no obedecer” directrices doctrinales en varios supuestos declaradas ilegales por los Tribunales.

     

     A pesar de todo, el panorama más desolador es el de la exigencia ética -”de buen gobierno”, diríamos- que debe demandarse de quien rige cualquier sector de la Administración. La benignidad en la sectorial aplicación/inaplicación de la normativa sobre conflictos de intereses (fraternales, en nuestro caso) que debería sujetar a los altos cargos , normativa recientemente reformada por toda una nueva y excelente Ley; el promiscuo escoramiento hacia una corporación beneficiaria de atenciones y desvelos ; la generosa dedicación de la responsable a la en otras circunstancias encomiable tarea de impartir conferencias que la han tenido distraida de sus otras ocupaciones “administrativas” durante gran parte del mandato ; el propósito, declarado por escrito de “tomar partido hasta mancharse”, han ensuciado, efectivamente, lo que debería haber sido un servicio objetivo a los intereses generales.

     

     Si esto ha sucedido en un sector de la Administración relativamente tecnocrático y parcialmente neutral desde un punto de vista político, aterra pensar qué hubiera podido suceder de meter al elefante en la delicada alfarería de las relaciones con el Poder Judicial, el problema del terrorismo, o el tratamiento de las confesiones religiosas de los ciudadanos españoles.

     

     Por eso demuestran reflejos quienes han optado por manos limpias y libres para representarles en los órganos de la soberanía nacional. Por un porcentaje del 83,4% de los votos, el Partido Socialista en Extremadura ha descabalgado a Pilar Blanco de las listas al Congreso.






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