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LA (INEXISTENTE) “HOJA DE RUTA” DEL REGISTRO CIVIL Y EL TANCREDISMO DE UNA DIRECCIÓN GENERAL QUE TAMBIÉN LO ES DEL REGISTRO CIVIL

Publicado el 22 de Enero del 2009

     No hay que ser un secuaz de la escuela económica neoinstitucional para tomar conciencia de la importancia de las instituciones en todo sistema económico y hasta cultural. Mucho más en una sociedad democrática que se dice moderna. Así las cosas, aunque la veteranía institucional no es prenda de idoneidad funcional (todas son a la postre mejorables; todas sufren desajustes por la erosión causada por las nuevas realidades sociales), sólo los insensatos propugnan el cambio revolucionario de las que gozan de acreditada reputación, resisten el paso del tiempo y solventan razonablemente bien los problemas sociales que justificaron su creación.

     

     El delicado equilibrio que articula el desenvolvimiento reglado de sendas funciones de la mal llamada “Seguridad Jurídica Preventiva”, la notarial y la registral, pretende ser alterado sustancialmente sin que la titular del centro directivo haya sentido la necesidad de cumplir con el requisito de la carga de la prueba de la justificación de una reforma radical. El problema no es tanto “mancharse las manos” -como decía con gráfica y socarrona expresión la titular del centro directivo en un trabajo de referencia- sino de estar en condiciones de proponer razonadamente, para su discusión democrática, una explicación plausible de por qué han de cambiarse las cosas hasta el punto de hacer irreconocible el diseño actual de una institución para cuya reforma radical huelga toda demanda social. Sólo una inteligencia roma del deber-ser democrático puede llevar a defender que la autoridad jerárquica excusa, por simple razón del poder de mando que se ostenta, de la obligación de justificar una reforma institucional de calado.

     

     A estas alturas no nos cabe la menor duda de que Doña Pilar Blanco Limones patrocina la “hoja de ruta” de reforma de nuestras funciones no porque crea en la posibilidad de realizar ajustes o mejoras en ellas, sino porque está verdaderamente ilusionada, conmovida hasta el tuétano, por las posibilidades recreativas de la destrucción prometeica del sistema vigente por otro que todavía no nos termina de concretar… porque no se siente obligada a ello. A tal fin ha dedicado todos sus desvelos y ha llenado sus días y sus noches y muchas páginas ineluctables entregada a la esforzada tarea de ordenar más que de explicar, por las vías jerárquicas a su disposición (instrucciones y expedientes sancionadores en la mano), y en un artículo doctrinal que podemos calificar de curioso (el de la “visión dinámica” contenido en las Noticias de la Unión Europea en 2007), que todo cambiaría a mejor si la calificación del Registrador no existiese / si existiese para sólo exigir que el negocio jurídico estuviera correctamente documentado / si existiendo el calificador éste fuere único, elegible y en definitiva poco molesto al contratante que quiere acceso al Registro. El que no existan sistemas en Derecho comparado que puedan servir de ejemplo a tales ocurrencias “doctrinales” poco ha de interesar a quien no se arreda ante quienes le califiquen de osado o de ir contra el signo de los tiempos (menos seguridad en tiempos de incertidumbre; menos control en la época de las subprime).

     

     Al tiempo que se agotan y consumen los recursos administrativos, humanos y presupuestarios. de un centro directivo no precisamente sobrado de ellos, dedicados a perseguir con denuedo faltas nimias o imaginadas (se ha llegada a sancionar a quien prefiere seguir criterios jurisprudenciales antes que los suyos o a quien niega que no vincula lo que está sub judice), se vuelve la vista a otro lado cuando se trata del Registro Civil. Que no es cosa de enfangarse en otros barros por muy próximos que estén, literalmente “a la vuelta de la esquina” (de su sede en el Madrid de los Austrias, obviamente bajo su competencia). Mientras se miran con lupa los retrasos burocráticos en algunos casos de horas o días -de otros, no los suyos- que dan lugar a la apertura de un número hasta ahora desconocido de expedientes disciplinarios contra los Registradores, no han de molestar las gruesas disfunciones que perjudican a los menos favorecidos que sólo intentan tener carta de naturaleza en nuestra sociedad. Y mientras el Estado se prodiga en reformas del régimen del estado civil en que tratan de ponerse remedio a injusticias históricas o de poner en pié una ambiciosa política social (matrimonio de homosexuales, naturalización de emigrantes, adopción internacional, concesión de la nacionalidad a los exiliados, defensa del patrimonio de los incapaces etc…) su aplicación quiebra por algo más que falta de recursos y a pesar de los encomiables esfuerzos de tanto Juez y heroico personal del Poder Judicial. Bien está en calificar de “institución de servicios” al Registro Civil y en dedicar alguna preocupación al estudio más o menos erudito del problema del Registro Civil en el marco de la nueva realidad demográfica y migratoria (ahí está el nuevo trabajo que firma Doña Pilar en el Boletín del Ministerio) pero el estudio del tercero registral civil, por sugerente que sea, debe interesar menos que tratar de afrontar los problemas de una veterana institución cuyos desajustes funcionales están a la vista de todos y figuran en lugar prominente en todos los informes de todas las instituciones. Porque suena a excusa el argumento que el Registro civil no sólo debe analizarse en razón de sus disfunciones: todo el Registro civil es una colosal Disfunción con mayúsculas, sobre todo en lo relativo al tratamiento del fenómeno migratorio. Falta coraje e inteligencia política para afrontar, previa una auditoría institucional, la transformación radical -objeto ahora sí ineluctable de su propia “hoja de ruta”- del vetusto y anacrónico diseño organizativo de nuestra Institución. Cuando hasta el CGPJ en su reciente informe suscribe la urgencia de replantear una desjudicialización prudente -dándonos razón a esta Asociación que lo hemos venido defendiendo en numerosas ocasiones- el remedio de la Directora que lo es también del Registro Civil es… pedir más presupuesto. Pídese, en épocas de crisis, echar vino nuevo en odres viejos.






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