Editorial

LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA. LA CONFIANZA EN EL BUEN HACER

Publicado el 22 de Abril del 2015

     El BOE de 7 de abril de 2015, publica la Resolución de 6 de abril, de la Subsecretaría de Justicia, que recoge el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia.

     Tal Acuerdo está suscrito por la Subsecretaria de Justicia y el Decano del Colegio de Registradores. El Ministerio de Justicia encomienda a los Registradores la realización por medios electrónicos de las actividades destinadas a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, hasta ponerlos a disposición del Ministerio de Justicia para la redacción de la propuesta de resolución y la resolución definitiva de las solicitudes.

      La experiencia no es nueva. Así lo reconoce la propia Resolución: “Desde 1995 se ha producido en España un importante incremento en el flujo de llegada de inmigrantes, muchos de los cuales han querido conseguir la plena integración en la sociedad española mediante la adquisición de esta nacionalidad. Los sucesivos Gobiernos de España han facilitado tal integración mediante la aprobación de diversos procesos de regularización extraordinaria a partir de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,…. Todo ello ha supuesto un paralelo incremento del número de solicitudes de concesión de nacionalidad, que no ha ido acompañado de los medios y recursos adecuados para dar respuesta a las expectativas de los solicitantes.

     Como consecuencia de lo expuesto, en los últimos años se había retrasado la tramitación y resolución de estos asuntos provocando una situación de colapso, tanto en las dependencias de la Dirección General de los Registros y del Notariado como en las de otros departamentos de la Administración indirectamente afectados, situación que afectaba a cerca de 570.000 expedientes correspondientes a los años 2010 a 2013.

     En este estado de cosas, los órganos del Ministerio de Justicia competentes para la tramitación y resolución de dichas peticiones se plantearon la conveniencia de adoptar medidas de carácter excepcional que permitieran cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación aplicable y, a tal efecto, se elaboró un Plan Intensivo de Tramitación que abarcaba una pluralidad de actuaciones en el ámbito normativo, y en los ámbitos técnico y de racionalización de la gestión, y que contemplaba la digitalización de los expedientes de nacionalidad por residencia acumulados en los archivos del Ministerio de Justicia así como su tramitación electrónica, con el fin de agilizar las comunicaciones con los órganos competentes para emitir los informes preceptivos.

     Para llevar a cabo dicho Plan el Ministerio de Justicia decidió contar con el apoyo del cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y, a tal efecto, el 25 de junio de 2012, el Ministerio de Justicia suscribió con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles el denominado «Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia» y, el 19 de abril de 2013, la «Adenda de prórroga y modificación al acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia».

     Estos acuerdos han permitido dar solución al atraso en la tramitación de estos expedientes, antes descrito, de tal forma que desde noviembre de 2012 se han tramitado hasta su resolución más de 500.000 expedientes.”

     Todo ese trabajo se realizó por los Registradores de la Propiedad de forma absolutamente gratuita. Tal y como suena.

     Pero lo más importante es que medio millón de personas, con sus esperanzas puestas en un expediente del que dependía la adquisición de la nacionalidad española, vieron definitivamente resuelta su situación, con la concesión si procedía, y con la denegación fundada jurídicamente si no.

     Es muy conveniente apelar a ese ánimo de servicio público que llevó a los Registradores a poner al día tal número de expedientes. Y mucho más cuando hoy por hoy voces interesadas insisten en ver como algo no deseable el que el Registro Civil sea responsabilidad –como prevé la Ley- de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

     Una sociedad dinámica, segura y tecnológicamente avanzada requiere que un servicio esencial del Estado, como es el Registro Civil, no siga acumulando tal número de quejas.

     Creemos que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles -funcionarios públicos – estarán a la altura del reto que la Ley les marca, para dar comienzo el 15 de julio de este año.

     

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