Editorial
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Publicado el 12 de Febrero del 2015
El ABC del sábado 10 de enero, al hacer la reseña del Consejo de Ministros del viernes día 9, recogía en su página 36 la siguiente noticia:
«Adiós al papel. Una Administración electrónica.
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Con esta iniciativa tratan de llegar al objetivo de “cero papel” y llegar a una Administración totalmente electrónica “e interconectada a todos los niveles”. También tratan de “incrementar la transparencia en el funcionamiento de todas las Administraciones, dotándose de nuevos registros públicos y mejorar la calidad de las normas jurídicas reformando el procedimiento de elaboración”»
La noticia es suficientemente clara respecto de cuáles son los objetivos del Gobierno:
- Administración totalmente electrónica.
- “Cero papel”.
- Administración interconectada en todos los niveles.
- Creación de nuevos registros públicos.
Aunque pueda parecer lo contrario, no ha sido la “poderosa asociación ARBO” –como nos llamó Pilar Blanco- la que ha sugerido al Gobierno semejantes ideas. Se trata de puro sentido común.
¡Cuántas veces hemos insistido de hacia dónde se movían los tiempos! Y ¡cuántas veces nos hemos encontrado con la retrógrada cerrazón de algunos ante lo que se veía venir! El Gobierno ya ha marcado el camino a seguir. Y no parece que se trate de la idea de un Gobierno determinado, sino la común de los Gobiernos de todos los Estados desarrollados.
El Cuerpo de Registradores, con su Junta al frente, puede optar por una de estas decisiones estratégicas:
1º. Asumir como propias estas ideas, y en coordinación con el Gobierno, liderar los avances en aquello que es propio de su competencia: Registro de llevanza electrónica, supresión del papel, interconexión –recíproca- con la Administración General del Estado, tramitación de los expedientes de nacionalidad, y asunción de Registros tales como los de Fundaciones, Cooperativas, Actos de Última Voluntad, Seguros de Vida y otros, así como los “nuevos registros públicos”. Tal y como lleva propugnando ARBO desde hace años.
En todos ellos se aplicaría lo que es ahora común a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles: calificación de entrada y de salida, en cuanto a lo que se inscribe y en cuanto a lo que publica. Y proporcionar a la sociedad una seguridad jurídica a un coste mínimo.
2º. Seguir ensimismado en determinadas peculiaridades, continuar tocando la lira, dedicarse a marear la perdiz, o a organizar la oposición oficial u oficiosa a lo preconizado por el Gobierno.
Actuar y moverse en la dirección que marcan los tiempos encierra peligros; pero hay muchos más riesgos en la inacción, o en la oposición empecinada y reaccionaria a lo que ya tienen decidido los poderes públicos.
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