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EL ESCANDALOSO ESTADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

Publicado el 16 de Marzo del 2009

     Bajo el mandanto de Doña M. Pilar Blanco-Limones en la Dirección General de los Registros y del Notariado hemos asistido a un crecimiento exponencial del nivel de insatisfacción ciudadana en relación con el (mal) funcionamiento del servicio del Registro Civil. El cuadro contenido en el informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2007 (documento 1) es muy significativo de tan calamitosa evolución:

     

      1º) En 2005, el porcentaje que suponen las quejas del Registro Civil sobre el total de quejas del sistema judicial es de un 34 %.

     

     2º) El recorrido posterior del indicador es apabullante: 40% de quejas en el año 2006; llega al umbral de más de la mitad del número de quejas registradas por la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo en el año 2007.

     

     3º) Aunque parezca increíble, como también informa exasperado, al parecer, el propio Consejo (documento 2), todavía este pasado año de 2008 el porcentaje de quejas registradas experimenta un incremento marginal hasta llegar a la cifra record del 52 por ciento de quejas.

     

      Los informes anuales del Consejo y de su Unidad de Atención Ciudadana son particularmente elocuentes sobre el patológico estado de las disfunciones: tiempos de espera alargados, insuficiencia de plantilla, estrechez del horario. En general puede concluirse sin temor a errar que el funcionamiento del RC sigue siendo “uno de los flancos más débiles de la modernización de la Justicia”. Pese a las medidas adoptadas por las administraciones públicas competentes –la DGRN sigue siendo responsable de la supervisión general del sistema- no se subsanan las deficiencias por el incremento inasumible de la carga de trabajo (documento 3).

     

     El problema es tanto más relevante cuanto que el modelo demográfico de nuestra sociedad es muy distinto del que soportaba el diseño tradicional y las demandas sociales confrontadas ahora son muy distintas de las que justificaron su creación y su incardinación institucional dentro del sistema judicial. Una progresiva política social en materia de género, matrimonial, naturalización de exiliados, adopción internacional etc. se estrella ante las puertas del Registro y en particular, muy en particular, ante las del Registro Civil Central. Y se desprovechan ocasiones legislativas como la suministrada por la tramitación de la Ley de patrimonios protegidos para tratar de poner remedio. Y se suceden reuniones con responsables autonómicos de los departamentos de Justicia en que no se ofrecen soluciones…

     

      Mientras tanto, la actual responsable de la cosa se interesa muy singularmente por el problema científico (documento 4) y rechaza explícitamente cualquier solución organizativa que suponga un cambio radical del sistema; como si la desjudicialización propuesta por el CGPJ en su reciente Plan de Modernización aprobado por el Pleno el pasado 12 de noviembre no fuere una inciativa atendible no obstante reconocerse de manera paladina “el incuestionable carácter gubernativo de la función registral, que no participa de ninguna de las notas propias de la jurisdicción” (ob. cit., p. 1298).

     

     Al final,aunque se reconoce la crisis del modelo y se apellida de “institución de servicio” al RC -como si el bautizo dogmático trajera alguna cura al enfermo- se nos dice a modo de conclusión en ese trabajo reciente que glosamos que en definitiva el remedio pasa por la mejor dotación presupuestaria.

     

     Parafraseando a Doña Pilar: en el marco de una reflexión global y de conjunto sobre la inmigración, integración y nacionalidad así como de la adaptación de los Registros civiles a la población del siglo XXT, se hace necesario ordenar la organización de los Registros …empezando la renovación por su cabeza.






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